Caso Saweto: Edwin chota y líderes indígenas

Familiares pidiendo justicia para Saweto. (Foto: Jaime Tranca / SPDA)

En septiembre de 2014, cuatro miembros de la comunidad nativa Alto Tamaya Saweto: Edwin Chota, Jorge Ríos, Leoncio Quintisima y Francisco Pinedo, fueron asesinados de manera brutal después de recibir constantes amenazas por defender su territorio y denunciar la tala ilegal de árboles. Las víctimas fueron atacadas con escopetas y sufrieron la mutilación de sus cuerpos. Durante años, los cuatro líderes se dedicaron a documentar y denunciar las actividades de tala ilegal de madera que ocurrían en la región amazónica de Ucayali. Presentaron numerosas denuncias ante las autoridades regionales y nacionales, aportando pruebas que exponían cómo las mafias madereras estaban invadiendo y depredando sus territorios ancestrales. A pesar de sus reiterados reclamos, las alertas de estos líderes fueron sistemáticamente ignoradas por los gobiernos locales y central.

Tras 8 años de espera, en febrero de 2023, la justicia condenó a 28 años de cárcel a los madereros Hugo Soria Flores, Euricio Mapes Gomez, José Estrada Huayta y los hermanos Segundo y Josimar Atachi Felix por estos crímenes. Sin embargo, esta aparente victoria judicial fue efímera, pues en agosto de ese mismo año la Primera Sala Penal de Apelaciones de Ucayali anuló las condenas, lo que creó indignación en todo el país.

Recién en abril del 2024, el Poder Judicial emitió una sentencia en primera instancia contra los acusados por el asesinato de Edwin Chota, Jorge Ríos, Leoncio Quintisima y Francisco Pinedo de 28 años y 3 meses de prisión por el delito de homicidio calificado.

           Líderes ashénkinas fueron asesinados en setiembre de 2014. (Foto: Aidesep)

A pesar de que la condena inicial de 28 años de prisión a los responsables parecía una victoria judicial y un hito histórico en la lucha por hacer justicia a los defensores ambientales, todo el proceso que tuvieron que atravesar los familiares de las víctimas fue sumamente duro y amargo para ellos. Desde tener que asistir a múltiples audiencias viajando en reiteradas ocasiones a Lima sin recursos económicos suficientes, hasta enfrentar las irregularidades que finalmente llevaron a la anulación del fallo condenatorio. La sensación de haber logrado justicia se convirtió en un trago agridulce. El largo y tortuoso camino recorrido en búsqueda de justicia dejó profundas heridas abiertas en los seres queridos de las víctimas.

Sin embargo, este caso es uno de los pocos en los que se ha logrado hacer justicia para los defensores ambientales en Perú. Lamentablemente, quienes defienden el medio ambiente en el país suelen ser olvidados y desatendidos. Si bien se ha intentado tomar medidas como el "Manual para la Protección de los Defensores Ambientales" ofrecido por el Ministerio del Ambiente, estos esfuerzos resultan vagos e insuficientes ante la falta de información y cercanía por parte del Estado peruano con esta problemática.

Alrededor de cien líderes indígenas se reunieron en el Primer Encuentro Nacional de Defensores y Defensoras de derechos Humanos y Ambientales en el 2022.  Foto: Red Nacional de Defensores del Perú.

Además, para poder crear acciones efectivas de protección, se requiere contar con una base de datos sólida sobre los defensores ambientales en el país, algo de lo que actualmente se carece. Esta ausencia de un registro confiable genera un profundo desconocimiento sobre los lugares protegidos y las personas que los defienden, dificultando enormemente las labores de salvaguardia. Es urgente que el Estado peruano tome cartas en el asunto y brinde el reconocimiento y amparo que merecen quienes día a día arriesgan su integridad por defender nuestros valiosos ecosistemas.